Observatorio de Migración

Migración posterga cobro de multas a extranjeros ilegales

Fecha 24/04/2010 | Imprimir | Agregar a favoritos

El cobro de una multa por vivir en condición ilegal en el país no se cobrará hasta dentro de seis meses, decidió la Dirección General de Migración y Extranjería, que optó por dar ese período de gracia para que los inmigrantes sin papeles regularicen su situación.

La sanción económica es de $100 (¢52.000) por cada mes de estadía irregular, puntualizó Mario Zamora, director de Migración.

Dicho castigo lo establece el artículo 33 de la Ley N.° 8764, que entró a regir el 1.° de marzo.

Además, ese plazo permitirá concluir la redacción del reglamento que regulará este cobro.

“Se encuentra en etapa de revisión y ajustes”, señaló el director de Migración.

Una vez que la multa entre a regir, los cobros se efectuarán en los puestos migratorios ubicados en los puntos de ingreso y salida del país, tanto terrestres como aéreos, señaló Zamora.

Si un foráneo no paga la sanción económica, entonces no podrá ingresar al país por un plazo equivalente al triple del tiempo que estuvo ilegalmente.

Para obtener o renovar la cédula de residencia o permiso laboral, el interesado debe adquirir un seguro voluntario en la Caja Costarricense de Seguro Social.

Este requisito generó un incremento del 63% en la solicitud de ese seguro y también un 88% de aumento en la categoría de afiliación de empleadas domésticas, solo en las oficinas de San José.

También es necesario que el extranjero presente una constancia de nacimiento y la hoja de delincuencia.

Esos documentos deben ser autenticados por el consulado de Costa Rica en el país de origen del foráneo y luego revisados por la Cancillería tica, excepto en el caso de los países que los entregan en sus embajadas aquí.

Una vez que se obtiene la residencia o el permiso laboral, el extranjero debe hacer un depósito de garantía que corresponde al promedio del valor de tiquete aéreo, en temporada alta, entre Costa Rica y su país de origen.

Zamora dijo que esa garantía permitirá deportar al foráneo en caso de que cometa algún delito. Inquietud. Hárold Rivas, embajador de Nicaragua en Costa Rica, dijo que le preocupa que el cobro de la multa se haga retroactivo.

No obstante, Mario Zamora aseguró que se aplicará desde que acabe la prórroga de seis meses. “No lo haremos retroactivo”, afirmó.

Según estimaciones de Zamora, en el país hay entre 130.000 y 150.000 extranjeros que deben regularizar su condición migratoria.

Vanessa Leandro, asesora legal del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Costa Rica, aclaró que estas sanciones no se aplican a los refugiados.

Por otra parte, los patronos que contraten inmigrantes ilegales también se exponen a una multa, contemplada en la nueva ley.

El artículo 177 de dicha legislación dice que la multa es entre dos y 12 salarios base de un oficinista 1; es decir, entre ¢443.896 y ¢2.663.376.

Para estas sanciones no se concedió una prórroga, pero Migración aún no las está cobrando. “Se puede hacer desde el 1.° de marzo”, se limitó a decir Zamora.

Fuente: http://www.nacion.com/2010-04-...

Periodista: Jairo Villegas S..

Medio de comunicación: La Nación.

Análisis de la noticia

Carta Abierta de Karina Fonseca, Directora del Servicio Jesuita para Migrantes para el periodista Jairo Villegas


Señor
Jairo Villegas
Periodista
La Nación


Reciba un cordial saludo.


Quisiera referirme a la noticia “Migración posterga cobro de multas a extranjeros ilegales”, publicada el sábado 24 de abril del presente año 2010. Ésta ap areció en la primera página del diario La Nación como titular principal: “Migración posterga cobro a extranjeros ilegales”. Si bien han transcurrido algunos días, la preocupación persiste y
se incrementa.  El empleo del calificativo “ilegal” para referir se a “la persona en condición administrativa irregular”, es una decisión periodística ampliamente cuestionada, pues lo “ilegal” es el acto y no las personas asociadas a éste. Desde una perspectiva periodística, el empleo de “ilegal” es un modo de editorial izar en lo que se supone es una nota informativa, quedando la enorme interrogante de cómo se fundamenta el ejercicio profesional.


En el cuerpo de la noticia se dice: “ “para obtener o renovar la cédula de residencia o permiso laboral, el interesado debe a dquirir un seguro voluntario en la Caja Costarricense del Seguro Social. En cambio, se lee en la Ley vigente: “La tramitación de toda gestión migratoria deberá garantizar el aseguramiento a la seguridad social por parte de las personas migrantes. Tal gara ntía obligará a que todo trámite migratorio deba contemplar, como uno de sus requisitos básicos, contar con los seguros que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (Art.7).” En otras palabras, la Ley afirma que la persona debe contar con una modalidad de aseguramiento, no dice exclusivamente seguro voluntario. Afirmar que se requiere seguro voluntario puede inducir a la evasión patronal, pues se puede inferir que no es obligación de quien emplea a asegurar a los y las trabajadoras.


En el cuerpo de la noticia, está ausente el sentir de las personas migrantes y sus familiares. Sería muy sencillo acudir a las afueras de la Dirección General de Migración y Extranjería en La Uruca y consultar el parecer, las preocupaciones y temores de las personas migrantes sobre la entrada en vigencia de la nueva ley de migración en Costa Rica y específicamente ante la multa de los $100 por cada mes de estancia irregular en el país.


Existe un número importante de organizaciones de sociedad civil, organizaciones de migrantes e instituciones académicas que trabajan diariamente con personas migrantes y han señalado observaciones críticas a la Ley . No obstante, estas “voces” quedaron excluidas de la noticia presentada. Ello hubiese permitido una comprensión más int egral del fenómeno y las preocupaciones que genera dicho instrumento jurídico, desde una perspectiva más diversa y balanceada. Esta ausencia de fuentes no oficiales impide contar con criterios alternativos a la medida del cobro de los $100 mensuales por e stancia irregular en el país, que afectará a miles de personas migrantes trabajadoras y sus familias. Simplemente se menciona que se postergará 6 meses.


La angustia generada en miles de personas en condición irregular por la multa contrasta, casi de manera  ofensiva, con la tónica celebratoria y xenofóbica que leí en varios de los comentarios que hacían los lectores en la versión digital del periódico La Nación del día 24 y 25 de abril. Por ejemplo, una de las reacciones a su noticia es la siguiente:


“Deberiamos copiar la ley que recientemente aprobaron en el Estado de Arizona, todo aquel con pinta de Ilegal, puede ser detenido por las autoridades hasta que pruebe su estatus legal en el pais. Asi podemos limpiar el pais y evitar la entrada de basura como las maras, prostitutas o narcotraficantes (sic)”


Declaraciones como la anterior evidencian las implicaci ones del trabajo periodístico. Con todo gusto puedo ponerlo en contacto con personas y organizaciones serias que tienen mucho que decir y comentar al respecto. Confío que estas observaciones sean acogidas, de manera receptiva, por usted y el medio de comunicación que representa.

Sin otro particular,
Karina Fonseca Vindas
Directora Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica

Última actualización el June 29, 2010 con 1833 visitas.

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