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El convenio dado entre los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua en relación a la contratación temporal de trabajadores nicaragüenses, debe de revisarse nuevamente de acuerdo con las necesidades de hoy en día.

La preocupación del Ministro de Trabajo en ese entonces, Licenciado Francisco Morales, fue solventar la necesidad de empleo que tenía el sector de la construcción y en eso centro todo el esfuerzo al inicio de su gestión en el Ministerio. Había que solventar los 10 mil empleos que estaban demandando.

El sector agroindustrial sufrió los embates del auge de las construcciones; ya el trabajador nicaragüense dirigió su

mirada hacia otros rumbos, que en su bonanza también obtienen otros beneficios. Pero, pasó lo que todos conocemos. La crisis del sector de la construcción dejo sus secuelas en el trabajador nicaragüense y enseñanzas en el sector agroindustrial.

Los trámites son normales para trabajadores no calificados temporales, pero debemos profundizar en las necesidades de mano de obra en la parte técnica. Conocemos la idiosincrasia del costarricense; y la necesidad de recurrir a mano de obra nicaragüense en forma temporal es fundamental. La coordinación interinstitucional debe de ser más eficaz, las empresas requieren una solución y pronta.

La obtención de los permisos temporales de trabajo es otro aspecto a analizar ya que los mismos están dados bajo el pago de $20 a Migración por cada uno de ellos y estos, se supone son devueltos a la empresa, una vez terminado el plazo del mismo. Aquí, surge un problema económico, más podemos decir millonario, de parte de Migración. ¿Como asegurar que un trabajador nicaragüense cumpla con su responsabilidad de regresar a su país? Las sumas adeudadas a los Ingenios, a las Meloneras, son millonarias; sumas que no son devueltas por la simple interpretación de un procedimiento erróneo, que no es valido en nuestro tiempo y que engruesan las arcas del estado.

El hecho de presentar un documento de que la persona salio del país en la fecha indicada, es razón suficiente para reintegrar esos desembolsos dados por las empresas para los 5 mil trabajadores que contrata anualmente el sector agroindustrial de Guanacaste. Caso que conocemos en carne propia, más no quisiera contabilizar los permisos dados al sector de la construcción.

El acumulado de año con año se da y nadie se preocupa de ello. El mismo Ministerio de Trabajo intercede, pero la respuesta de Migración ha sido en vano. Los estudios migratorios no son validos. Esta variable se ve afectada por la misma necesidad del nicaragüense a buscar un mejor horizonte.

La pregunta sería, ¿los $20 son un costo fijo para la empresa?